ACTO INFORMATIVO: XOVES, 15 DE ABRIL ÁS 20:00 H. NO C.S. UXÍO NOVONEYRA

NON ESTAMOS SÓS


GRANADA: El Grupo 17 de marzo interpone un recurso contra la Ordenanza Cívica de Granada

La Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos -Grupo 17 de Marzo-, interpuso el viernes 18 de diciembre recurso contencioso administrativo contra la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público de Granada (Ordenanza Cívica), ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

Los motivos de interponer dicho recurso son:

1.- La Ordenanza es contraria a la Carta europea de Salvaguarda de los derechos humanos en la Ciudad. El proceso de elaboración de la ordenanza ha tenido importantes déficits democráticos en su elaboración. Así se hacen eco múltiples organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos. La base de cualquier normativa municipal debe ser el derecho a la participación política en su elaboración. Actualmente hay un gran movimiento ciudadano de oposición.

2.- Dicha normativa puede vulnerar derechos fundamentales como el de reunión manifestación y libertad de expresión. También se criminaliza a los colectivos más débiles de la ciudad: prostitutas, mendigos, gente sin hogar, inmigrantes...etc. Consideramos que la ordenanza excede de las competencias municipales y que no está amparada en ninguna Ley estatal o autonómica. Se trata de un nuevo modelo de control de la ciudad basada en la Tolerancia Cero que criminaliza a las marginalidades, oposiciones o disidencias político-culturales, inherentes a la conflictividad urbana. De esta manera se hace una protección aparente y no real de los bienes jurídicos presuntamente protegidos (convivencia ciudadana). De hecho, consideramos que la actual ordenanza, lejos de conseguir los efectos preventivos buscados, puede desencadenar situaciones de crispación, conflictividad, e incluso de alarma social, difícilmente compatibles con la convivencia ciudadana.

3.- La técnica jurídica empleada extiende peligrosamente los Alhambrapoderes de la policía que recuerda una tradición policial propia de otras épocas en la que la dinámica del derecho administrativo se fundamentaba en "medidas en blanco". Conceptos sancionadores abiertos, que en cada caso se encargaba de precisar la autoridad competente con un margen muy difuso de control jurisdiccional posterior, y donde por tanto, las decisiones eran tan opinables como incontrolables. La experiencia histórica de aquellos tiempos debería obligarnos a esforzarnos en reducir al máximo los posibles espacios o márgenes de discrecionalidad policial, que no se produzcan situaciones de arbitrariedad.

Una vez se reciba el expediente completo del TSJA y se formalice la demanda se presentarán sus fundamentos jurídicos a los medios y a la sociedad. Mientras tanto el Grupo 17 de marzo recomienda al Alcalde de la ciudad que el Ayuntamiento suspenda su aplicación, al menos en las partes que pueden vulnerar los derechos políticos y de colectivos más débiles y atienda las peticiones de las diferentes colectivos que han manifestado su oposición.

SEVILLA: CONTRA LA ORDENANZA ANTISOCIAL: Por el uso LIBRE del espacio PÚBLICO

La Asamblea en Defensa del Espacio Público “La calle es de todxs” y el Foro Social de Sevilla se proponen seguir alertando a lxs ciudadanxs de la inminente aprobación, por parte del Gobierno del Ayuntamiento, de una nueva ORDENANZA MUNICIPAL que supondrá un duro recorte de los derechos y libertades individuales y colectivos, además de privatizar, aún más, los espacios públicos de la ciudad.
La llaman “Ordenanza Cívica”, pero camuflados entre diversas normativas que ya estaban en vigor se encuentran elementos que buscan aumentar peligrosamente el control social y convertir nuestras calles en meros lugares de tránsito para el consumo y de explotación de negocios privados. Sólo algunos de esos elementos son:

- Imposición de una fianza a toda aquella persona o colectivo que desee usar el espacio público para cualquier actividad social, política o cultural, limitando así gravemente el derecho de manifestación y libre expresión a los recursos económicos, y delegando toda la responsabilidad de lo que ocurra en dichas actividades al colectivo que los convoca, vulnerando el principio legal que sostiene que cada individuo es responsable de sus propios actos.

- Prohibición de practicar juegos o deportes en el espacio público, salvo en lugares muy concretos que tan siquiera se especifican. Si ya se echan de menos niñxs jugando en las calles, ahora ya estará directamente prohibido.
- Equiparación legal de actividades socioculturales a la mendicidad. El arte de calle (malabares, mimo, teatro y música de calle,...) será finalmente borrado de las calles.

- Prohibición de colocar elementos en fachadas o balcones si se considera que desfavorece la estética del lugar. Y eso, claro está, lo deciden ellxs.

- Multas desproporcionadas y afán recaudatorio. Por ejemplo, escupir en la calle puede ser multado con 750 euros (El salario mínimo interprofesional es 560,70 euros).
En la campaña iniciada en Sevilla contra el texto se presentaron más de 1500 alegaciones individuales y de casi 60 colectivos sociales, políticos y culturales que pedían su retirada o la eliminación de gran parte de su articulado. Su aprobación definitiva se producirá en octubre y, a día de hoy, no han respondido a ninguna de dichas alegaciones. Así funciona su “ciudad de las personas”y de la participación.
Por tanto, nuestra intención es seguir promoviendo la actuación de la ciudadanía en contra de su aprobación con todas las armas de que disponemos, sociales, políticas y judiciales. Exigimos al Gobierno Municipal que responda a las casi 1600 alegaciones que pedían la retirada del texto. No podemos tolerar ni un ataque más a las libertades.

NO A LA ORDENANZA CIVICA Y AL RECORTE DE DERECHOS, SI A LOS ESPACIOS PÚBLICOS!!!!

BARCELONA: Carta al Alcalde de Barcelona sobre la "Ordenanza Cívica" y "participación ciudadana"

Un amplio grupo de organizaciones y movimientos sociales organizó en Barcelona del 17 al 20 de octubre de 2007 la Semana de Acción Global contra la Deuda Externa bajo el lema «Quien debe a Quién?», en el marco de un llamamiento del Foro Social Mundial de Nairobi.Para las acciones programadas en la calle se encontraron frente a una lista de pegas burocráticas y económicas por parte del Ayuntamiento de Barcelona, como consecuencia de la aplicación de la Ordenanza Cívica sobre el derecho al uso del espacio público. Su protesta fue comunicada a la Regidora de Ciutat Vella (http://www.quiendebeaquien.org/kitbcn/carta-ayun-regidora.rtf). A día de hoy todavía no han recibido respuesta.
Es muy significativo encontrarse con estas dificultades cuando el Ayuntamiento está impulsando el “Proceso participativo del programa de actuación municipal (PAM) 2008-2011 bajo el lema “¿Tú que harías?”. ¿Qué se entiende desde el Ayuntamiento por participación? De qué participación hablamos cuando se frena la implicación del tejido asociativo de la ciudad?

El caso es uno entre otros de la carencia de apoyo a los procesos de participación ciudadana por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Por ello, desde la campaña ¿Quién debe a quién? convocamos a colectivos y personas interesadas, a adherirse a la CARTA dirigida al alcalde de la ciudad (más abajo).

Procedimiento de adhesión:
- Para adheriros, enviad vuestra adhesión a la dirección siguiente: quideuaqui@moviments.net
- Enviad la carta directamente al Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, entrando en la página http://www.bcn.es/alcalde/ca/contacte.htm (copiando y pegando el contenido de la carta en el espacio «Missatge»)
Con todas las adhesiones recibidas, enviaremos la carta al Ayuntamiento y a los medios de comunicación.

CARTA

Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher
Alcalde de Barcelona
Queremos manifestar nuestra indignación de la aplicación de la Ordenanza Cívica en lo que se refiere al derecho al uso del espacio público, así como cuestionar las actuales políticas de participación ciudadana impulsadas por el Ayuntamiento.
Desde que se aplica la Ordenanza Cívica, las organizaciones y movimientos sociales nos encontramos con toda una serie de pegas burocráticas y económicas a la hora de desarrollar acciones en el espacio público, limitando nuestros derechos de manifestación y participación social . En contraposición, el Ayuntamiento favorece cada vez más el uso del espacio público para intereses privados.
Es significativo que mientras el equipo municipal enfatiza la participación y la relación directa con los ciudadanos con campañas como el “Proceso participativo del Programa de Actuación Municipal (PAM) 2008-2011”; el movimiento asociativo afronta cada vez más la falta de apoyo municipal . A causa de esta falta de apoyo se debilita el debate crítico y el tejido social necesario porque cualquier proceso de consulta consiga canalizar las demandas reales de la ciudadanía .
Creemos que un Ayuntamiento realmente participativo habría de abrir vías reales de participación para la sociedad civil, facilitar esta participación dando las herramientas y mecanismos que sean necesarios, y no poniendo pegas y obstáculos técnicos y económicos.

Por esto, pedimos:
- La derogación del actual Ordenanza Cívica por obstaculizar los procesos de participación ciudadana y no resolver las causas estructurales de los problemas que pretende abordar.
- La definición de una verdadera política de participación ciudadana que se construya desde el fortalecimiento de las organizaciones sociales en sus formas de expresión y organización; la defensa de sus derechos tanto de manifestación como de uso y gestión de espacios y bienes públicos. Entendemos que el fomento de la participación va más allá de los canales de relación con la administración.
Esperamos que estas demandas sean escuchadas y que el Ayuntamiento de Barcelona se replantee realmente qué tipo de participación quiere fomentar.

Entidades y colectivos firmantes (inicialmente):
Campanya Qui deu a Qui?, Acció per un Turisme Responsable – ATR, Agermanament Sense Fronteres, Asocciació d´inmigrants equatorians a Catalunya, Asociación Nuevos Colectivos, Ateneu La Torna, Attac, Campanya La Irresponsabilitat Social d’Unión Penosa, Campanya No et mengis el món, Campanya Repsol Mata, Col·lectiu Ali Supay, Col·lectiu d’Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament, Col.lectiu de Solidaritat amb la Rebel.lio Zapatista, Comitè de Solidaritat amb els Pobles Indígenes d’Amèrica (Barcelona), Ecuador Llactacaru, Edpac - Educació per a l’Acció Crítica, Entesa pel Decreixement, Entrepobles, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), FCONGd- Federació Catalana d´ONG per al Desenvolupament, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, Guerrilla Travolaka , Icaria editorial, Justícia i Pau, Marxa Mundial Dones, Observatori del Deute en la Globalització – ODG, Observatori DESC, RAI (Recursos de Animación Intercultural (RAI), REDS, SETEM, VdeVivienda, Xarxa de Consum Solidari…

OVIEDO: La Ordenanza Cívica de Oviedo levanta una importante oposición


Diversos colectivos reclaman la retirada de la ordenanza de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo Gobernado por el PP y han convocado una manifestación para el jueves a las 20:00 desde la Renfe



La Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en pié de guerra a diversos colectivos sociales y políticos que no han reparado en acusar de "represor" al Ayuntamiento del PP.

Para Ecoloxistes n´Aición d´Asturies esta ordenanza supone una política "prohibicionista", "represiva" y "sancionadora a numerosas actividades" que "erosionan las libertades políticas, garantizadas por la Constitución, y evitan todo tipo de contestación social además de ocultar bajo un manto de represión la exclusión y la pobreza".

Para este colectivo "muchas de las mediadas son claramente represivas para los colectivos sociales que son críticos con el poder y que necesitan disponer de elementos materiales para hacer sus críticas y/o convocatorias de actividad, pudiendo ser sancionados arbitrariamente por utilizar métodos de propaganda no mercantilizada como carteles o pegatinas".

El concejal de ASCIZ (Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda), Roberto Sánchez Ramos, también ha reclamado la retirada de la ordenanza alegando que es "inconstitucional", "criminaliza la pobreza y la población inmigrante y visualiza a los jóvenes como sujetos delincuentes". El concejal denuncia que se quiere "penalizar y criminalizar aquella reunión de tres o más personas y que se prohíbe cualquier tipo de expresión sobre superficies públicas o privadas".

Para el Bloque por Asturies el Gobierno municipal "está ejerciendo sus funciones de manera cada vez más autoritaria, al mejor estilo Berlusconi, sacando en este caso una ordenanza que en ningún momento fue consensuada con las organizaciones sociales, vecinales o políticas, además de vulnerar derechos y libertades recogidas en normativas jurídicas superiores".
Considera que "el accionar cada vez más frecuente y represivo de Gabino de Lorenzo, no busca en ningún momento soluciones hacia los colectivos más desprotegidos, sino que acentúa la discriminación que estas personas viven a diario, sólo por un afán recaudatorio".
ACIZ denuncia que se pretende prohíbir pegar carteles en cualquier espacio o elemento de la ciudad, "coartando de esta forma la comunicación, la libertad de expresión de ideas políticas, sociales y culturales de colectivos sin los medios económicos suficientes para difundir sus ideas a través de las empresas de comunicación". También denuncian que se pretende la "criminalización de la pobreza, los excluidos, y los inmigrantes", denuncia que "la simple petición de una limosna o un donativo está criminalizado por esta ordenanza". También se quiere penalizar, según Sánchez Ramos, jugar al balón en la calle o andar en monopatín
Cambalache considera que la ordenanza también "restringirá el derecho a la libertad de expresión" al multar con hasta 3.000 euros la realización de "cualquier tipo de pintada o expresión gráfica". Denuncian al igual que ASCIZ la restricción de las pegadas de carteles y del reparto de octavillas, lo que impide, según explicó el colectivo Cambalache, "trasladar las propuestas de las asociaciones y colectivos a la ciudadanía".


LOGROÑO: La nueva ordenanza cívica elaborada por el Ayuntamiento de Logroño incluye sanciones de hasta 750 euros por escupir, orinar y defecar en la vía pública.
Cada año, el Ayuntamiento logroñés destina más de 500.000 euros a arreglar los desperfectos generados por actos incívicos y vandálicos.
La ordenanza municipal de fomento de la convivencia ciudadana, de las conductas cívicas y de la protección de espacios públicos entrará en vigor a finales de año, después de más de un año de tramitación y consulta ciudadana.
Arribas ha insistido en que se ha desarrollado un proceso de participación único en la historia de la ciudad y ha recalcado que "no se trata de hacer caja, es para educar a los ciudadanos".

La ordenanza tipifica las infracciones como muy graves, graves y leves, con sanciones de entre 3.000 y 750 euros, que impondrá la Policía Local en función de la gravedad de los hechos.
Así, ha detallado que no es lo mismo hacer una pintada en la fachada de La Redonda o en el edificio del Ayuntamiento que en una pared sin valor patrimonial.
La ordenanza prohíbe hacer pintadas; talar, zarandear o arrancar los árboles y plantas de los parques públicos; acampar en el césped; dejar excrementos en los jardines; y encender fuego en los espacios públicos.
Tampoco se pueden arrojar al suelo residuos de pequeño volumen como cáscaras de pipa o envoltorios y las colillas de cigarrillos se deben apagar y después depositarlos en los ceniceros.
Los ciclistas deben adoptar un comportamiento cívico al circular por la ciudad y tienen que respetar las normas de circulación y la integridad de los peatones.
En cuanto a los ruidos, se prohíbe el "botellón", vociferar en la calle, circular en coche con la música alta y las ventanillas bajadas y dejar en balcones o patios animales que perturben el descanso vecinal.
También se sancionarán comportamientos que originen humos, olores o polvo y el ejercicio de la mendicidad de forma insistente o agresiva.